Hacia una cultura ética de las empresas

Esta compañía leonesa lleva casi veinte años ayudando a empresas y organizaciones en su proceso de transformación digital. Busca simplificar los procesos y tareas mediante la implantación de soluciones tecnológicas a medida, propias y de terceros

Contenido desarrollado para Leasba

Leasba lleva casi veinte años ayudando a empresas y organizaciones en su proceso de transformación digital con el objetivo de simplificar los métodos y tareas mediante la implantación de soluciones tecnológicas a medida, propias y de terceros. Su actividad se despliega principalmente en el Derecho Digital y de las Nuevas Tecnologías, en el suministro de hardware e integración de sistemas, en el desarrollo de software e implementación de soluciones (Partner Gold de Microsoft).

En los últimos años ha sido el Derecho Tecnológico el área en que ha experimentado un exponencial crecimiento. Con José Luis Sánchez Calvo, socio fundador de Leasba y experto en Derecho Digital al frente, este departamento está desarrollándose tanto en el ámbito nacional como en el internacional, junto con sus clientes.

El Derecho Digital, Derecho Tecnológico o Legal Tech, es un servicio cada vez más demandado por las empresas, debido al constante proceso de transformación digital de las organizaciones y la adaptación de las nuevas regulaciones y normas que permanentemente surgen en este entorno. Entre las numerosas áreas de actuación del Legal Tech, dos bloques ocupan el escenario más actual: la adaptación a la legalidad de los sitios web, los portales de e-commerce, y los programas de complimiento por parte de empresas, organizaciones y administraciones públicas del Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos (RGPD).

Cabe también destacar en el marco de las exigencias legales, la implantación en las organizaciones de modelos de compromiso con la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y de políticas de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, siendo necesario contar con Planes de Igualdad, Planes de Acoso, Registros Retributivos o Canales de Denuncias, que se traducen en una expresión más de la necesidad de adoptar políticas de buen gobierno corporativo dirigidas a hacer realidad la igualdad en el ámbito laboral para proteger los derechos de mujeres y hombres a la hora de desarrollar relaciones laborales libres de desigualdad y discriminación, donde el principio inspirador de actuación llegue a ser la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades.

El Plan de Igualdad se concibe como un instrumento estratégico, dirigido a posicionar favorablemente a la empresa en materia de igualdad de género a partir de una mejora de la gestión y un aprovechamiento del potencial y el talento de las mujeres y de los hombres, así como un documento operativo de trabajo integrado por un conjunto de medidas que conformen una unidad y que respondan a la realidad y necesidades de la empresa en materia de igualdad.

En lo referido a los Planes de Acoso, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, establece en sus arts. 48.1 y 48.2 la obligación de todas las empresas, independientemente de su número de trabajadores, de promover las condiciones que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y establecer cauces específicos para su prevención, con la incorporación de los procedimientos de actuación en caso de producirse dichas situaciones.

El registro salarial o retributivo es la medida de transparencia retributiva por la que las empresas resultan obligadas a realizar un registro o auditoría de los salarios medios, complementos salariales y percepciones extra salariales de la plantilla, diferenciados por género. La obligación de realizar un registro retributivo existe desde el 8 marzo de 2019 (fecha de entrada en vigor de la modificación realizada sobre el al 28.2 ET, por el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo). No obstante, su regulación resulta exigible desde el 14 de abril de 2021 (fecha de entrada en vigor del Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre).

José Luis Sánchez Calvo, socio fundador de Leasba y experto en Derecho Digital, en las instalaciones de la empresa leonesa./LEASBA

Un canal de denuncias supone la existencia de un cauce confidencial a través del cual empleados, proveedores, colaboradores y otros terceros, asuman una relación con la organización y puedan comunicar determinadas conductas ilícitas o contrarias a la legalidad vigente, al Código Ético o a las normas, procedimientos y políticas internas de la Compañía. La Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión Whistleblowing, establece la obligación de contar con un canal de denuncias implementado en la empresa para demostrar la cultura Compliance y la aplicación de medidas de diligencia debida, que deberán traducirse en una exención de responsabilidad para la Compañía en caso de que se cometa un ilícito en el seno de la empresa. El Canal de Denuncias debe proteger de forma efectiva al denunciante, manteniendo la confidencialidad de sus datos y evitando cualquier tipo de represalia.

En el marco de las exigencias legales para la implantación en las organizaciones de modelos de prevención de delitos corporativos (Compliance Penal) o de las políticas de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, se hace necesario contar con un Canal de Denuncias que posibilite la comunicación de determinadas conductas irregulares que lograran afectar a la Compañía en estos ámbitos. La existencia de un Canal de Denuncias supone, además, una oportunidad para impulsar las diferentes políticas de Compliance Normativo en la organización, reforzar la transparencia, el buen gobierno corporativo y el compromiso de responsabilidad social corporativa.

Leasba ofrece estos servicios en el área de Derecho Digital y Nuevas Tecnologías para acompañar a sus clientes, tanto a nivel nacional como en su expansión internacional, en el Compliance normativo y en la definición de un Sistema de Gobernanza que permita a la organización el cumplimiento de un creciente abanico normativo, nacional y europeo, en materia de Derecho Digital.